NOTE: This is a Spanish translation of our letter from the editors: Don’t Take Civil Rights for Granted. It is also available in Chinese and Arabic.
Hoy más que nunca es importante estar alerta para evidenciar las amenazas contra la libertad de expresión, las oportunidades educativas y demás valores propios de San Francisco
¿Educación o deportación?
Esta es una cuestión alarmante con la que estamos lidiando a medida que San Francisco se vuelve un elemento en la periferia política como consecuencia de las elecciones de 2016. La inminente necesidad de documentar esta divergencia hace que nuestra labor como periodistas locales independientes sea más importante que nunca.
Nuestro reportaje de portada acerca de la educación bilingüe en este número, el cual comenzamos este verano, ha adquirido una nueva relevancia.
Dado que con frecuencia nuestro liderazgo nacional sataniza a inmigrantes, tanto indocumentados como legales, es posible que el progreso que las escuelas públicas de San Francisco lograron para que las personas recién llegadas y originarias tuvieran acceso a la educación bilingüe se vea amenazado si Donald Trump cumple con sus amenazas de deportar a millones de inmigrantes.
Se calcula que en California habitan 2.3 millones de personas indocumentadas, de las cuales 44,000 residen en San Francisco.
A comienzos de diciembre, pudimos suponer con justificación que el racismo, la xenofobia y el miedo que se generaron durante la campaña presidencial continuarán una vez que Trump asuma el poder en Washington.
Estos factores no solamente contrastan con la visión cada vez más progresista e incluyente de California, sino que amenazan gravemente con subestimarla, ya que los padres y madres de familia temen ser discriminados por su color y que puedan ser objeto de investigaciones migratorias o, en última instancia, denigrados.
Los innovadores programas de inmersión multilingüe que ofrece la ciudad proporcionan a todos los estudiantes un mayor desarrollo académico y comprensión cultural. Si los padres y madres de familia se preocupan por que algún día las autoridades federales puedan utilizar los datos de inscripciones escolares a programas bilingües para ser objeto de deportación, es posible que duden en tomar dichos programas. Eso podría socavar la capacidad de las mesas directivas escolares para poder innovar y financiar la educación bilingüe.
Esto es solo un ejemplo de cómo los gobiernos locales pueden lidiar contra las agresiones que sufren los inmigrantes, más allá del conflicto de si las comunidades pueden declararse “ciudad santuario”; es decir: no permitir que la policía implemente la ley migratoria federal.
Por supuesto que este no es el único ataque a los valores de San Francisco. Trump ha prometido eliminar el financiamiento a servicios sociales, hacer recortes al presupuesto para protección ambiental y privatizar la educación. Trump ha dicho que reestructurará las protecciones de los derechos civiles obtenidos gracias a los votantes de California, incluidas la libertad de religión, matrimonio gay, acción afirmativa para minorías étnicas y el debido proceso. Es posible que también tengamos que volver a analizar lo que sabemos sobre los beneficios federales tales como el cuidado a la salud, la seguridad social y la brecha fiscal entre ricos y pobres.
Desde que comenzamos a publicar hace siete años, Public Press ha tenido la oportunidad de analizar en materia de vivienda, medio ambiente, salud, trabajo, política y educación, entre otros y al hacer pocas referencias a políticas federales. Solíamos suponer que nuestros líderes locales eran, a fin de cuentas, responsables por el bienestar de la comunidad pero, ya no es así.
Public Press se compromete a examinar la nueva administración desde nuestro punto de vista local.
Lo que es más, no estamos solos para afrontar dichos retos. La elección agilizó la discusión en las salas de prensa de todo el país con respecto al significado del término filosóficamente escalofriante que es la “objetividad”. En esta nueva era política, entender esta palabra de forma literal claramente presupone el riesgo de contradecir los principios que valoramos: libertad de expresión, estado de derecho, el derecho a la información y el mismo proceso democrático.
Los periodistas se lamentan al tratar de entender cómo permitieron, o al menos toleraron, el surgimiento de un impulsivo y pronto poderoso hombre en Washington. Trump ha prometido entablar demandas contra periodistas que lo ofendan, restringirá el acceso a fuentes gubernamentales y registros públicos, disolverá las compañías de medios de comunicación que cuestionen sus políticas y tomará medidas contra manifestantes.
Public Press siempre se ha acatado a tener una posición imparcial y sin apoyo político y es una postura que queremos mantener. Sin embargo, el cambio de tono en la política nacional nos ha motivado a examinar nuestras propias predisposiciones. En nuestro caso, orgullosamente aceptamos la predisposición en favor de la gente porque fomenta la libertad de expresión, exactitud, rendición de cuenta, justicia y verdad.
La prensa no solo tiene la responsabilidad de decir la verdad, por más incómoda que sea, sino también de facilitar una discusión entorno a las soluciones a problemas frecuentes. El año que viene, continuaremos cuestionando a aquéllos en posiciones de poder y daremos voz a los que la carecen. Aunque los retos pueden ser mayores, y aunque es posible que mucha gente salga lastimada en conflictos futuros, la necesidad de empoderamiento y participación en la política y la vida pública es tal vez más importante que nunca.
Las políticas locales y nacionales están inexorablemente conectadas. Hoy, el periodismo local es aún más necesario para exponer problemas y conflictos conforme surgen; así como para documentar cambios sociales y económicos; y, ampliar el rango de perspectivas que consideran los legisladores.
Pero eso no será suficiente. El ascenso de una administración que está en contra de la Primera Enmienda agudiza la responsabilidad de la prensa para señalar el abuso de poder así como cualquier matiz que resulte en autocracia.
Como periodistas locales, debemos velar por la defensa del derecho del público a estar informado, incluso cuando esto signifique desafiar abiertamente a las estructuras de poder.
— Los editores
Spanish translation by Andrea Valencia.
